LOS ACUERDOS HACIA UNA NUEVA NACIÓN

En abril de 1970 se inauguró un período de lucha armada que duraría 22 años. Una guerra que movilizo a grandes sectores del pueblo salvadoreño que pretendían transformaciones económicas, sociales, políticas y militares, contra un gobierno militar. Con un programa de Revolución Demócrata y socialista que llevaría bienestar a las mayorías desposeídas, el FMLN pasó de pequeños comandos a un ejército guerrillero que podía desplegar además de la lucha armada, la lucha política y diplomática.

Así llegamos al 16 de enero de 1992, fecha de la firma de los acuerdos definitivos de paz, que da paso a la lucha política para desmoronar totalmente la dictadura militar. Pero para ello es necesaria una concertación nacional entre todos los sectores de El Salvador.

Es decir, la paz solo cobraría su dimensión más alta cuando desarrollo, democracia, y justicia social sean punto de una sólida concertación de los sectores de El Salvador.

Lamentablemente quedaron muchos problemas que resolver, como la desmovilización de grupos radicales dentro de las Fuerza Armada ARENA, que no dejaron las armas. También había que desmantelar las redes oligárquicas, que no querían abandonar privilegios ostentados desde tiempos inmemoriales. Quizá, éste sea el problema más importante a resolver. Para ello se necesita la reforma constitucional, la subordinación de la fuerza armada al poder civil y resolver el problema de la tierra. Estos puntos están recogidos en los acuerdos de paz, pero quedaba por ver como se llevarían a la práctica.

Se está hablando de desmantelar un sistema que imperó en gran parte de Sudamérica, con las dificultades que tenía. Que todo ello se haga de forma pacífica resultaba difícil, pero no imposible.

Si finalmente triunfara esta forma de armonía social pacifica, Sería un gran ejemplo a seguir en muchas de las naciones sudamericanas, incluidas en una dinámica semejante a la de El Salvador antes de los acuerdos. Por supuesto el desenlace final lo conocemos, pero no quita mérito a estos constructores de la Paz que por lo menos lo intentaron.

El proceso de los acuerdos fue el siguiente:

• ACUERDO DE GINEBRA (4 de abril de 1990).

Este primer acuerdo significa el intento de resolver el conflicto armado por la vía de la negociación. Actúan de forma novedosa al poner el proceso de negociación bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas. Esta forma de actuar será imitada en los últimos tiempos por muchos países (intervención de la ONU en problemas intrínsecos de países, esto es un principio, no es competencia de esta organización).

Este acuerdo y los posteriores se establecen entre dos partes: el gobierno y el FMLN. Las otras organizaciones sociales y partidos políticos se les reconocen un papel importante en la consecución de la paz, pero siempre en función de las partes antes mencionadas. Así, deben ser informadas y consultadas, también pueden ser invitadas a las negociaciones de común acuerdo entre las partes.

Por este acuerdo el gobierno y el FMLN se comprometen a cumplir una serie de puntos y garantías (después expuestas) y más importante, a no abandonaran el proceso de negociación.

Así se establece, que el propósito del proceso de negociación es acabar con el conflicto armado, impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto de los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña. Logrado lo anterior, el proceso debería conducir al establecimiento de las garantíasy las condiciones necesarias para la reincorporación de los integrantes del FMLN dentro de un marco de plena legalidad.

• CARACAS (21 de mayo de 1990).

En este acuerdo se establece la Agenda General y el calendario del proceso completo de negociación.

AGENDA GENERAL.

I) El objetivo inicial será  el de lograr acuerdos políticos para la concertación de un cese de enfrentamiento armado y de todo acto que no respete los derechos de la población civil, lo que debería ser verificado por la ONU.

a) Primero: ACUERDOS POLITICOS.

1-Fuerza Armada.
2-Derechos Humanos.
3-Sistema Judicial.
4-Sistema electoral.
5-Reforma constitucional.
6-Problema económico-social.
7-Verificación por las Naciones Unidas.

b) Segundo: CONCERTACION DE UN CESE DEL ENFRENTAMIENTO ARMADO Y DE TODO ACTO QUE IRRESPETE LOS DERECHOS HUMANOS.

II) Establecimiento de las garantías y las condiciones necesarias para la reincorporación de los integrantes del FMLN, dentro de un marco de plena legalidad, a la vida civil, institucional y política del país.

III) Acuerdos finales para la consolidación de los objetivos del Acuerdo de Ginebra y su verificación por la ONU.

CALENDARIO.

Para el primer objetivo antes de mediados de septiembre de 1990.Para el segundo objetivo se establece no en términos de fechas, sino en función de cierto número de meses (entre dos y seis meses), contados a partir de la conclusión del objetivo inicial.

• SAN JOSE: ACUERDOS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS (26 de julio de 1990).

Es un acuerdo sobre los derechos humanos, pero es un acuerdo parcial (no agota la consideración del tema de los derechos humanos).

Por este acuerdo se establece el cumplimiento del ordenamiento jurídico de El Salvador, que se dedica a los derechos humanos, así como los principios sobre los derechos humanos y sobre derecho humanitario aprobados por la ONU.

También se plantea una investigación de hechos o prácticas que atenten contra estos derechos humanos. Esto será el precedente de lo que se denomine en posteriores acuerdos la Comisión de la Verdad.

Por último se establece la existencia de una misión de verificación de la ONU en materia de derechos humanos.

• MEXICO (27 de abril de 1991).

El acuerdo de México parte del acuerdo de Ginebra y sigue la agenda establecida en Caracas. Este acuerdo no se toma como acuerdo final sino que deja abierta la negociación en todos los puntos que se tocan. Así se llega a los siguientes acuerdos:

• I) FUERZA ARMADA.

Mediante la reforma constitucional se establece que:

-La fuerza armada está sometida al poder civil.

-Creación de una Policía Civil que actuase tanto en el  ámbito urbano como en el rural, estando bajo la dirección de autoridades civiles. Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada serán diferentes y estarán adscritas a Ministerios diferentes.

-Creación de un Organismo de Inteligencia del Estado independiente de la Fuerza Armada.

Otros acuerdos referentes a la Fuerza Armada son remitidos a la legislación secundaria y tratan sobre los cuerpos paramilitares, el reclutamiento forzoso y la formación profesional de los miembros de los cuerpos de defensa.

II) SISTEMA JUDICIAL.

Acuerdos sobre reformas constitucionales destinadas a mejorar aspectos significativos del sistema judicial.

-Nueva organización de la Corte Suprema de Justicia y nueva forma de elección de sus Magistrados. Para elegir a los Magistrados de la Corte Suprema se requerirá una mayoría de dos tercios de los diputados electos de la Asamblea Legislativa.

-Asignación anual al Órgano Judicial de una cuota de los presupuestos del Estado. Este punto está destinado a la independencia del poder judicial, respecto al legislativo y el ejecutivo:

-Elección por los dos tercios de los diputados electos de la Asamblea Legislativa, del Fiscal General de la República.

Otras materias que estuvieron en la mesa de negociación fueron remitidas a la legislación secundaria:

-Consejo Nacional de la Judicatura. Redefinición de éste para que asegure la independencia del orden jurídico de los órganos del Estado y de los partidos políticos.

-Escuela de Capacitación Judicial. Depende del anterior y su objetivo sería el asegurar el continuo mejoramiento de la formación profesional de los jueces.

-Por último se establece una carrera judicial con objetividad selección.

III) SISTEMA ELECTORAL.

Acuerdos sobre reformas constitucionales destinadas a:

-Creación del Tribunal Supremo Electoral, en sustitución del Consejo Central de Elecciones. Será  la más alta autoridad administrativa y judicial en lo electoral. Está integrado por miembros sin afiliación partidista.

-Los partidos políticos legalmente inscritos, tendrían derecho de vigilancia sobre el registro electoral.

Remitidas a la legislación secundaria y a otros acuerdos políticos:

-Las listas de ciudadanos con derecho a voto serán publicadas con veinte días de anticipación a la elección.

IV) COMISION DE LA VERDAD.

La Comisión tendrá a su cargo la investigación de grandes hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama el conocimiento público. La Comisión estárá integrada por tres miembros designados por el Secretario General de la ONU. Esta Comisión de la Verdad, es la respuesta dada a los Acuerdos en San José.

Se establece que las actuaciones de la Comisión no son jurisdiccionales, solo recomiendan las disposiciones de orden legal. Esto explica los futuros problemas de esta comisión.

Finalmente decir que durante los Acuerdos de México se dio una declaración unilateral de FMLN dejando constancia de que no estaban de acuerdo con la definición de Fuerza Armada como institución "permanente" y también pidiendo una mayor desmilitarización.

ACUERDO DE NUEVA YORK (25 de septiembre de 1991).

Este Acuerdo si que es tomado como un acuerdo definitivo, en función fundamentalmente, de dar un impulso final al proceso de negociaciones, pero sobre todo de terminar con el conflicto armado que padece El Salvador.

Así, el Acuerdo de Nueva York, tiene la misión de crear un conjunto de condiciones y garantías que aseguren el cumplimiento de los Acuerdos por ambas partes (el gobierno de El Salvador y el FMLN).

I) COMISION NACIONAL PARA LA CONSOLIDACION DELA PAZ (COPAZ).

COPAZ es un mecanismo de control y participación de la sociedad civil en el proceso de cambios resultante de las negociaciones, tanto en relación con la Fuerza Armada en particular, como con los demás puntos de la Agenda de Caracas.

COPAZ quedará  integrada por dos representantes del gobierno, incluido un miembro de la Fuerza Armada, dos del FMLN y por cada uno de los partidos o coaliciones con representación en la Asamblea Legislativa.

Adoptará  sus decisiones por mayoría y no tendrá  facultades ejecutivas, pues corresponden a las Partes (FMLN y gobierno) la ejecución de los Acuerdos de Paz. COPAZ además de ser producto del presente acuerdo, será  sancionado por ley.

Atribuciones:

-Ser  obligatoriamente consultada por las Partes antes de adoptar decisiones o medidas relativas a aspectos relevantes de los Acuerdos de Paz. Asimismo, COPAZ podrá  consultar a las Partes, al más alto nivel, cada vez que lo estime conveniente.

-Cada vez que por lo menos tres de sus miembros así lo soliciten, COPAZ será  convocada de inmediato y su opinión oída.-Tendrá acceso directo al Presidente de la República y podrá  inspeccionar toda actividad o sitio vinculado con la ejecución de los Acuerdos de Paz.

-COPAZ estará  facultada para emitir toda clase de conclusiones y recomendaciones relativas a la ejecución de los Acuerdos de Paz y para hacerlas públicas.

-Estará  facultada para preparar anteproyectos legislativos para el desarrollo de los acuerdos a los que haya llegado, tanto en el tema "Fuerza Armada", como en los demás puntos de la Agenda.

-COPAZ, en lo relativo al cumplimiento de sus funciones, estará  facultada para dirigirse a los órganos pertinentes de las Naciones Unidas.

-COPAZ estará  plenamente facultada para nombrar los grupos y subcomisiones que considere útiles para el cumplimiento de su misión. Para ello, tendrá su propio presupuesto.

La duración de este organismo sería  determinada por ella misma mediante acuerdo que cuente con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros.COPAZ tendrá garantías internacionales, tanto de la ONU como de gobiernos que se encuentren en posición de apoyar efectivamente, la garantía requerida por los acuerdos, así como los trabajos de la misma.

II) FUERZA ARMADA.

Se acuerda un proceso de depuración de la Fuerza Armada, en base a la evaluación de todos sus miembros por una comisión. En dicha comisión, la participación de la Fuerza Armada será de dos de sus miembros. Estos, no tendrán acceso a la etapa de investigación que llevará  a cabo la Comisión ad hoc, ni se involucrarán en la fase final de la misma, pero podrán tener acceso a sus conclusiones.

Se plantea una reducción de la Fuerza Armada. Se deberá  determinar el tamaño a que quedará  reducida la Fuerza Armada en tiempo de paz. También se plantea una nueva doctrina para la Fuerza Armada, como una institución al servicio de la Nación, ajena a toda consideración política, ideológica o de posición o de cualquier otra discriminación.

Sobre la creación de la Policía Nacional Civil (P.N.C.), se acuerda que los excombatientes del FMLN podrán incorporarse a la PNC siempre que cumplan con los criterios y procedimientos de admisión establecidos por COPAZ y pasen por la academia de policía. El régimen transitorio para el inicio de la PNC, lo establecerá  COPAZ. Contemplar  criterios y procedimientos de admisión diferenciados según sea el nivel cultural y las zonas donde el personal será  reclutado y le corresponderá  desempeñarse.

III) TEMA ECONOMICO Y SOCIAL.

a) Las tierras que exceden del límite constitucional de 245 hectáreas, así como aquellas que son de propiedad del Estado y que no sean actualmente reservas forestales de acuerdo con la ley, serán destinadas a satisfacer la necesidad de tierras de campesinos y pequeños agricultores que carezcan de ellas. Para ese fin, el gobierno procurará  además adquirir las tierras ofrecidas en venta al Estado.

b) Se respetará  el estado actual de tenencia de tierras dentro de las zonas conflictivas, mientras se da una solución legal satisfactoria al régimen de tenencia definitivo.

c) Se revisarán las políticas de otorgamiento de créditos al sector agropecuario.

IV) NEGOCIACION COMPRIMIDA.

La compresión de la negociación está dirigida a obtener de una sola vez acuerdos políticos para la concertación de un cese del enfrentamiento armado y el establecimiento de las garantías y las condiciones necesarias para la reincorporación de los integrantes del FMLN, dentro de un marco de plena legalidad, a la vida civil, institucional y política del país.

De acuerdo con lo anterior, todos los temas sustantivos de la Agenda de Caracas, estarían negociados y acordados antes del cese del enfrentamiento armado. Se tratará de un cese de fuego de duración predeterminada, corto y dinámico, durante el cual no habría negociaciones sustantivas, sino únicamente las medidas necesarias para poner en práctica los acuerdos alcanzados.

El temario de este acuerdo de Nueva York es el siguiente:

-Fuerza Armada.
-Sistema Judicial.
-Sistema Electoral.
-Ratificación de la reforma constitucional.
-Tema económico y social.
-Condiciones del cese de enfrentamiento armado.
-Participación política del FMLN.
-Verificación por la ONU.
-Calendario de implementación.

• RONDA FINAL: ACTA DE NUEVA YORK (31 de diciembre de 1991).

En esta Ronda Final, se declara  culminada la ronda de negociaciones iniciada en Ginebra. La ejecución de todos los acuerdos pondrá  término definitivo al conflicto armado salvadoreño (aunque esto no sea así). Las partes han convenido que el cese del enfrentamiento armado comenzase formalmente el 1 de febrero de 1992 y concluiría el 31 de octubre de 1992.

El ACTA DE NUEVA YORK II (13 de enero de 1992), es solamente para negociar pequeños matices de lo anterior. No tiene ninguna importancia en realidad.

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Desde el aspecto principal el informe de la comisión de la verdad devela los crímenes cometidos en El Salvador en contra de los habitantes. La violación de los derechos así como los múltiples comportamientos criminales que se establecieron en El Salvador. Hay que el auge de la criminalidad común y organizada que se dio después de los Acuerdos de Paz entre el FMLN y el gobierno Salvadoreño.

La Organización de Naciones Unidas, a través de sus delegados en El Salvador, ha subtitulado el informe de la Comisión de la Verdad con la Expresión: De la locura - A la esperanza.

La expresión es muy acertada en sus dos partes, porque la locura es la enfermedad que se apoderó de la oligarquía y de sus servidores militares a través de sesenta años, que comenzaron con un delirio tremendo en enero de 1932, cuando el General Hernández Martínez no se limitó a sofocar un levantamiento obrero-campesino (más campesino que obrero) sino que fusiló a más de treinta mil ciudadanos y dio un decreto de "muerte a todo varón mayor de dieciocho años" de los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate y parte de La Libertad.

Desde entonces los militares y la oligarquía enloquecieron: creyeron ser dueños del territorio y de sus habitantes, vieron un enemigo comunista hasta en sus alcobas y en casi cada ciudadano. Por medio de la Guardia Nacional persiguieron a todos los campesinos, todos los días; también a todos cuantos intentaban participar en política.

La locura de la oligarquía les condujo a organizar los "escuadrones de la muerte", en forma similar a como en 1932 organizaron -con jóvenes de la burguesía- la Guardia Civil, que salía a matar campesinos y obreros en los alrededores de San Salvador.

Los militares hicieron una orgía de sangre desde 1980 hasta 1983 (El Sumpul, El Mozote, San Salvador, etc.) y otros espasmos a lo largo de los siguientes ocho años (Arzobispo Romero, sacerdotes jesuitas, bombardeos a barrios pobres de Mejicanos, San Sebastían, etc.).

Todo esto sólo se explica como acción de locos; en la locura sangrienta se amalgamaron como dirigentes la oligarquía y los militares, quienes instrumentalizaron a ciudadanos campesinos y lumpen para asesinar a sus hermanos.

La segunda parte de la sentencia "a la esperanza" indica el actual estado de ánimo del pueblo salvadoreño, el cual espera poder establecer la paz para construir una sociedad democrática.

Esta oportunidad no se la obsequiaron al pueblo salvadoreño; éste la conquistó mediante una tenaz y heroica lucha de más de veinte años. Contó con el valioso apoyo de pueblos y gobiernos amigos como México, España, Colombia, Cuba, Venezuela, a ratos Francia y otros más. El Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, apoyó a través de una hábil mediación, la negociación, hasta la firma de los Acuerdos de Paz, y el nuevo Secretario General, Boutros Ghali, actuó con firmeza diplomática como garante del cumplimiento de los acuerdos y los ha hecho avanzar.

El Secretario General de la ONU y el FMLN han actuado con prudencia y tacto, pero con firmeza, y han exigido el cumplimiento de parte del gobierno, el cual con frecuencia se ha resistido a cumplir, como en el caso de la supresión de los cuepos represivos (Guardia Nacional, Polícia de Hacienda) en lo referente a la entrega de tierras y a la depuración del ejército recomendada por la Comisión Ad-Hoc.

La Comisión de la Verdad, después de meses de trabajo, entregó su informe el día 15 de marzo de este año 1993. Mediante este importante documento, el pueblo salvadoreño ha conocido en forma escrita y documentada lo que ha sabido mediante la fidedigna historia hablada (posiblemente de alguna forma incompleto): conocía quiénes ordenaron el asesinato del Arzobispo Romero y quiénes participaron en su planeamiento y ejecución; sabía cómo ocurrieron las masacres del Sumpul, del Mozote, pero jamás habíamos tenido una investigación esclarecedora y menos el señalamiento de nombres de personas responsables, por personas autorizadas, por una comisión oficial.

En el informe de la Comisión de la Verdad aparecen claramente nombres de militares y miembros de la alta clase social (oligarquía o elementos cercanos). Se señala abiertamente a altos jefes militares y se "recomienda" su destitución. Se señala las responsabilidades de la Corte Suprema de Justicia en el encubrimiento de criminales y se recomienda la separación de sus cargos de los funcionarios que fueron cómplices de las violaciones de los dechos humanos.

Esto es lo que ha indignado a los responsables de crímenes, encubrimiento y corrupción de variado tipo, fueren ellos civiles o militares. La protesta en contra del informe ha sido encabezada o impulsada por todos los grupos servidores de la clase gobernante que ahora dirige el Presidente Cristiani: el ejército, los miembros del gabinete, la Corte Suprema de Justicia, los funcionarios de todo nivel, de los cuales muchos han sido obligados a firmar.

Se han exhibido nacional e internacionalmente, al apresurarse a imponer una amnistía general. Así han confirmado su culpabilidad y su temor a ser enjuiciados. Es bien conocido históricamente el procedimiento de los gobiernos tiránicos, violadores de los derechos humanos, civiles y políticos, de decretar amplias amnistías generales, cuando están a punto de ser derrocados o sustituidos; ha sido su costumbre decretar "amnistía para todos los delitos políticos y los comunes conexos con los políticos".

Este ha sido uno de los mecanismos legales para mantener la impunidad de los militares.

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Se ha tejido toda clase de hipótesis para explicar el comportamiento del presidente Cristiani en relación con el informe de la Comisión de la Verdad. Es muy frecuente escuchar que el presidente Cristiani se ha visto obligado a rechazar el informe de la Comisión y a exigir la amnistía y aprobarla debido a las presiones de los militares. Sobre esta hipótesis debemos de manifestar ciertas dudas.

En efecto, es perfectamente creíble que los militares conserven un poder tal que podría obligar a tomar ciertas decisiones y adoptar ciertas posiciones, con respecto a cualquier tema de importancia, en especial aquellos que se relacionara con la Fuerza Armanda o con los militares que la conforman, en especial los que atañen a altos funcionarios. No debemos olvidar que la oligarquía, es decir, la clase económicamente más poderosa, ha sido la dirigente del ejército y éste ha sido un instrumento - aunque no lo parezca - muy obediente del poder económico.

El presidente Cristiani ha representado, desde su candidatura, los intereses de la oligarquía, y ha hecho que los militares obedezcan los lineamientos que se les dan, en defensa de los intereses del verdadero patrón. A veces los militares han ofrecido resistencia, pero en general han obedecido los lineamientos cuando el presidente Cristiani les ha convencido de que son los correctos para los intereses económicos de la clase gobernante.

El presidente Cristiani prometió alcanzar la paz; días antes de tomar posesión realizó algunas actividades muy importantes encaminadas a obtener el apoyo para su política de negociación.

Se destaca entre tales actividades la visita que realizó al presidente Arias, de Costa Rica, a quien le explicó con toda franqueza por qué no habían apoyado las gestiones de paz del gobierno anterior y en cambio hoy, impulsarían un fuerte proceso de negociación. Le señaló a Arias que la paz era indispensable para los intereses económicos del sector oligárquico que él representaba, porque constituía la única manera de recuperar la capacidad de inversión de su clase y de maximización de sus ganancias.

La hipótesis más probable es que el presidente Cristiani no ha cumplido con las propuestas de la Comisión Ad-Hoc y no cumplirá con las presentadas por la Comisión de la Verdad, porque esa es la línea conveniente a los intereses de la clase que él representa y no porque los militares lo hayan presionado. Los Generales Ponce y Zepeda han cometido todos sus crímenes en defensa de los intereses oligárquicos: el poder militar y el poder civil representado por el presidente Cristiani no tienen intereses distintos; castigar a militares que han servido bien a la oligarquía como Ponce, Zepeda y otros podría ser muy peligroso o negativo para las futuras necesidades de la oligarquía, pues ésta puede requerir aún de los servicios militares a fin de mantener el sistema de dominación y explotación.

Desde el punto de vista histórico, el presidente Cristiani hubiese podido seguir una línea distinta en vez de la que le dictan los intereses económicos propios y los de su clase, pero él ha preferido seguir acumulando poder económico, que le garantiza para el futuro poder político y supuestamente el poder militar.

El problema grave suscitado en torno al informe de la Comisión se debe a que los militares y otros sectores civiles de la oligarquía, como la Corte Suprema de Justicia y todo el aparato del poder Judicial, fueron claramente denunciados por su actitud corrupta y servil, hasta el punto de haber contribuido a impedir la extradición de uno de los asesinos del Arzobispo Romero.

Por primera vez en la historia salvadoreña fueron señalados públicamente los militares y funcionarios civiles por sus actos de corrupción y fue pedida su "destitución" o su renuncia por una comisión que contaba con la autoridad moral de que gozaba la Comisión de la Verdad.

A propósito de la veracidad del informe de la Comisión de la Verdad, un prominente miembro de la oligarquía se expresó en estos términos: ¿y por qué tanto problema por el informe de la Comisión de la Verdad, si todo lo que dice es cierto?

En efecto, todos teníamos conocimiento de quiénes eran los asesinos del Arzobispo Romero: también sabíamos cómo es que uno de los responsables pudo huir a los Estados Unidos; sabíamos quién ordenó el asesinato de los jesuitas, quién ordenó los bombardeos indiscriminados en Mejicanos, quiénes fueron responsables del asesinato de algo más de mil personas en El Mozote, etc., etc.

Lo nuevo es que lo dijese una Comisión que había podido investigar los casos, que contaba con gran autoridad moral para denunciar no sólo a los militares sino también a civiles organizadores de los escuadrones de la muerte; es novedoso que una comisión oficial pidiese que debían continuarse investigaciones para descubrir a los oligarcas que desde Miami organizaban o financiaban a los "escuadrones de la muerte".

En primer término deseo reafirmar lo que ya se dijo en repetidas ocasiones, que la Amnistía era improcedente e ilegal para todas las personas que se encontraban ocupando cargos en el gobierno. La amnistía para funcionarios que están en sus cargos es prohibida por la Constitución. Además, de acuerdo con los principios establecidos por el tribunal de Nüremberg, incorporados al Derecho Internacional por la Comisión respectiva de las Naciones Unidas, los crímenes de guerra, los crímenes contra la paz y los crímenes contra la humanidad no prescriben. Si los crímenes cometidos por los militares salvadoreños y por otros ciudadanos no prescriben, se deduce que la amnistía no procede.

En acuerdo con el Derecho Internacional los responsables de estos crímenes podrán ser perseguidos, juzgados y condenados en cualquier momento en el futuro, a pesar de la amnistía, la cual carece de validez.

En efecto no es válida medida ni decreto alguno que hayan sido dictados en contra de disposiciones legales.

Los Generales Ponce y Zepeda, así como otros militares y funcionarios civiles, no pueden gozar de amnistía por delitos comunes, cuando tal amnistía ha sido concedida mientras desempeñan cargos públicos y en ningún momento pueden gozar de amnistía por los crímenes de guerra y crímenes contra la paz, que son aquellos que se cometen con violación de los acuerdos internacionales sobre la guerra.

Sí, los convenios sobre la guerra son aplicables al conflicto militar salvadoreño, pues la parte insurgente, representada por el FMLN, habia reunido las condiciones necesarias para ser declarada y reconocida como parte beligerante, en acuerdo con los convenios de ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977.

El FMLN controlaba un territorio en el cual gobernaba. Precisamente la fuerza armada salvadoreña y el gobierno se opusieron siempre a aceptar la tesis de la guerra civil, pero su posición fue categóricamente desmentida por las negociaciones, las que constituyeron un reconocimiento tácito del adversario como parte beligerante.

Por esta razón, el FMLN tenía la autoridad legal de juzgar a los combatientes que cometieron crímenes de guerra, tales como la ejecución de los militares norteamericanos, a quienes capturaron heridos, tras ser derribado el helicóptero en que viajaban y sobrevolaban territorio de la insurgencia.

Si los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad no prescriben, se deduce lógicamente que tampoco pueden ser amnistiados. Es con base en esta no prescripción que el gobierno judío ha capturado en otros países (ilegalmente, por violar la soberanía de otras naciones) a criminales de guerra 30 ó 40 años después de terminada la segunda guerra mundial.

Si el Presidente Cristiani se apresuró a impulsar la aprobación de una amnistía general puede haber sido por dos causas: la primera, por obedecer presiones de los militares. La segunda, que es seguramente la más probable, porque el presidente Cristiani tenía que conceder la amnistía a personas que habían servido mediante la comisión de crímenes de guerra, a los intereses oligárquicos que representa el presidente Cristiani; además, debido al comportamiento de dificultar el cumplimiento de los acuerdos de paz, considera la oligarquía que continuará necesitando de apoyo y de la defensa del ejército salvadoreño, aún violando la Constitución, que ahora le señala al ejército responsabilidades en defensa del territorio nacional y le suprime toda responsabilidad policial y represiva contra la población.

Actualmente en El Salvador después de los acuerdos de paz, y de otorgado el informe de la Comisión de la Verdad, hay muchas cosas que no han cambiado, como por ejemplo el dominio de la oligarquía y su fuerte adhesión y violenta protección de sus intereses de clases, por tal motivo las políticas del Estado están enfocadas no a combatir la criminalidad que afecta a la población toda, sino, solo a esa parte que ejerce actualmente el gobierno.

La falta de interés en la creación de una política criminal y la ausencia de las ciencias criminológicas dejan un claro vació en las políticas de seguridad implementadas por el gobierno.

Las condiciones que se dan en la actualidad están enfocadas a crear un olvido colectivo del conflicto que se vivió anteriormente, por tanto en el entendido que, los que olvidan de donde vienen no saben a donde van y están condenados a repetir los mismos errores, a orientarse en un rumbo incierto y posteriormente a vivir la misma historia.       

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