Informe de la Comisión de la Verdad
Desde el aspecto principal el informe de la comisión de la verdad devela los crímenes cometidos en El Salvador en contra de los habitantes. La violación de los derechos así como los múltiples comportamientos criminales que se establecieron en El Salvador. Hay que el auge de la criminalidad común y organizada que se dio después de los Acuerdos de Paz entre el FMLN y el gobierno Salvadoreño.
La Organización de Naciones Unidas, a través de sus delegados en El Salvador, ha subtitulado el informe de la Comisión de la Verdad con la Expresión: De la locura - A la esperanza.
La expresión es muy acertada en sus dos partes, porque la locura es la enfermedad que se apoderó de la oligarquía y de sus servidores militares a través de sesenta años, que comenzaron con un delirio tremendo en enero de 1932, cuando el General Hernández Martínez no se limitó a sofocar un levantamiento obrero-campesino (más campesino que obrero) sino que fusiló a más de treinta mil ciudadanos y dio un decreto de "muerte a todo varón mayor de dieciocho años" de los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate y parte de La Libertad.
Desde entonces los militares y la oligarquía enloquecieron: creyeron ser dueños del territorio y de sus habitantes, vieron un enemigo comunista hasta en sus alcobas y en casi cada ciudadano. Por medio de la Guardia Nacional persiguieron a todos los campesinos, todos los días; también a todos cuantos intentaban participar en política.
La locura de la oligarquía les condujo a organizar los "escuadrones de la muerte", en forma similar a como en 1932 organizaron -con jóvenes de la burguesía- la Guardia Civil, que salía a matar campesinos y obreros en los alrededores de San Salvador.
Los militares hicieron una orgía de sangre desde 1980 hasta 1983 (El Sumpul, El Mozote, San Salvador, etc.) y otros espasmos a lo largo de los siguientes ocho años (Arzobispo Romero, sacerdotes jesuitas, bombardeos a barrios pobres de Mejicanos, San Sebastían, etc.).
Todo esto sólo se explica como acción de locos; en la locura sangrienta se amalgamaron como dirigentes la oligarquía y los militares, quienes instrumentalizaron a ciudadanos campesinos y lumpen para asesinar a sus hermanos.
La segunda parte de la sentencia "a la esperanza" indica el actual estado de ánimo del pueblo salvadoreño, el cual espera poder establecer la paz para construir una sociedad democrática.
Esta oportunidad no se la obsequiaron al pueblo salvadoreño; éste la conquistó mediante una tenaz y heroica lucha de más de veinte años. Contó con el valioso apoyo de pueblos y gobiernos amigos como México, España, Colombia, Cuba, Venezuela, a ratos Francia y otros más. El Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, apoyó a través de una hábil mediación, la negociación, hasta la firma de los Acuerdos de Paz, y el nuevo Secretario General, Boutros Ghali, actuó con firmeza diplomática como garante del cumplimiento de los acuerdos y los ha hecho avanzar.
El Secretario General de la ONU y el FMLN han actuado con prudencia y tacto, pero con firmeza, y han exigido el cumplimiento de parte del gobierno, el cual con frecuencia se ha resistido a cumplir, como en el caso de la supresión de los cuepos represivos (Guardia Nacional, Polícia de Hacienda) en lo referente a la entrega de tierras y a la depuración del ejército recomendada por la Comisión Ad-Hoc.
La Comisión de la Verdad, después de meses de trabajo, entregó su informe el día 15 de marzo de este año 1993. Mediante este importante documento, el pueblo salvadoreño ha conocido en forma escrita y documentada lo que ha sabido mediante la fidedigna historia hablada (posiblemente de alguna forma incompleto): conocía quiénes ordenaron el asesinato del Arzobispo Romero y quiénes participaron en su planeamiento y ejecución; sabía cómo ocurrieron las masacres del Sumpul, del Mozote, pero jamás habíamos tenido una investigación esclarecedora y menos el señalamiento de nombres de personas responsables, por personas autorizadas, por una comisión oficial.
En el informe de la Comisión de la Verdad aparecen claramente nombres de militares y miembros de la alta clase social (oligarquía o elementos cercanos). Se señala abiertamente a altos jefes militares y se "recomienda" su destitución. Se señala las responsabilidades de la Corte Suprema de Justicia en el encubrimiento de criminales y se recomienda la separación de sus cargos de los funcionarios que fueron cómplices de las violaciones de los dechos humanos.
Esto es lo que ha indignado a los responsables de crímenes, encubrimiento y corrupción de variado tipo, fueren ellos civiles o militares. La protesta en contra del informe ha sido encabezada o impulsada por todos los grupos servidores de la clase gobernante que ahora dirige el Presidente Cristiani: el ejército, los miembros del gabinete, la Corte Suprema de Justicia, los funcionarios de todo nivel, de los cuales muchos han sido obligados a firmar.
Se han exhibido nacional e internacionalmente, al apresurarse a imponer una amnistía general. Así han confirmado su culpabilidad y su temor a ser enjuiciados. Es bien conocido históricamente el procedimiento de los gobiernos tiránicos, violadores de los derechos humanos, civiles y políticos, de decretar amplias amnistías generales, cuando están a punto de ser derrocados o sustituidos; ha sido su costumbre decretar "amnistía para todos los delitos políticos y los comunes conexos con los políticos".
Este ha sido uno de los mecanismos legales para mantener la impunidad de los militares.
.
Se ha tejido toda clase de hipótesis para explicar el comportamiento del presidente Cristiani en relación con el informe de la Comisión de la Verdad. Es muy frecuente escuchar que el presidente Cristiani se ha visto obligado a rechazar el informe de la Comisión y a exigir la amnistía y aprobarla debido a las presiones de los militares. Sobre esta hipótesis debemos de manifestar ciertas dudas.
En efecto, es perfectamente creíble que los militares conserven un poder tal que podría obligar a tomar ciertas decisiones y adoptar ciertas posiciones, con respecto a cualquier tema de importancia, en especial aquellos que se relacionara con la Fuerza Armanda o con los militares que la conforman, en especial los que atañen a altos funcionarios. No debemos olvidar que la oligarquía, es decir, la clase económicamente más poderosa, ha sido la dirigente del ejército y éste ha sido un instrumento - aunque no lo parezca - muy obediente del poder económico.
El presidente Cristiani ha representado, desde su candidatura, los intereses de la oligarquía, y ha hecho que los militares obedezcan los lineamientos que se les dan, en defensa de los intereses del verdadero patrón. A veces los militares han ofrecido resistencia, pero en general han obedecido los lineamientos cuando el presidente Cristiani les ha convencido de que son los correctos para los intereses económicos de la clase gobernante.
El presidente Cristiani prometió alcanzar la paz; días antes de tomar posesión realizó algunas actividades muy importantes encaminadas a obtener el apoyo para su política de negociación.
Se destaca entre tales actividades la visita que realizó al presidente Arias, de Costa Rica, a quien le explicó con toda franqueza por qué no habían apoyado las gestiones de paz del gobierno anterior y en cambio hoy, impulsarían un fuerte proceso de negociación. Le señaló a Arias que la paz era indispensable para los intereses económicos del sector oligárquico que él representaba, porque constituía la única manera de recuperar la capacidad de inversión de su clase y de maximización de sus ganancias.
La hipótesis más probable es que el presidente Cristiani no ha cumplido con las propuestas de la Comisión Ad-Hoc y no cumplirá con las presentadas por la Comisión de la Verdad, porque esa es la línea conveniente a los intereses de la clase que él representa y no porque los militares lo hayan presionado. Los Generales Ponce y Zepeda han cometido todos sus crímenes en defensa de los intereses oligárquicos: el poder militar y el poder civil representado por el presidente Cristiani no tienen intereses distintos; castigar a militares que han servido bien a la oligarquía como Ponce, Zepeda y otros podría ser muy peligroso o negativo para las futuras necesidades de la oligarquía, pues ésta puede requerir aún de los servicios militares a fin de mantener el sistema de dominación y explotación.
Desde el punto de vista histórico, el presidente Cristiani hubiese podido seguir una línea distinta en vez de la que le dictan los intereses económicos propios y los de su clase, pero él ha preferido seguir acumulando poder económico, que le garantiza para el futuro poder político y supuestamente el poder militar.
El problema grave suscitado en torno al informe de la Comisión se debe a que los militares y otros sectores civiles de la oligarquía, como la Corte Suprema de Justicia y todo el aparato del poder Judicial, fueron claramente denunciados por su actitud corrupta y servil, hasta el punto de haber contribuido a impedir la extradición de uno de los asesinos del Arzobispo Romero.
Por primera vez en la historia salvadoreña fueron señalados públicamente los militares y funcionarios civiles por sus actos de corrupción y fue pedida su "destitución" o su renuncia por una comisión que contaba con la autoridad moral de que gozaba la Comisión de la Verdad.
A propósito de la veracidad del informe de la Comisión de la Verdad, un prominente miembro de la oligarquía se expresó en estos términos: ¿y por qué tanto problema por el informe de la Comisión de la Verdad, si todo lo que dice es cierto?
En efecto, todos teníamos conocimiento de quiénes eran los asesinos del Arzobispo Romero: también sabíamos cómo es que uno de los responsables pudo huir a los Estados Unidos; sabíamos quién ordenó el asesinato de los jesuitas, quién ordenó los bombardeos indiscriminados en Mejicanos, quiénes fueron responsables del asesinato de algo más de mil personas en El Mozote, etc., etc.
Lo nuevo es que lo dijese una Comisión que había podido investigar los casos, que contaba con gran autoridad moral para denunciar no sólo a los militares sino también a civiles organizadores de los escuadrones de la muerte; es novedoso que una comisión oficial pidiese que debían continuarse investigaciones para descubrir a los oligarcas que desde Miami organizaban o financiaban a los "escuadrones de la muerte".
En primer término deseo reafirmar lo que ya se dijo en repetidas ocasiones, que la Amnistía era improcedente e ilegal para todas las personas que se encontraban ocupando cargos en el gobierno. La amnistía para funcionarios que están en sus cargos es prohibida por la Constitución. Además, de acuerdo con los principios establecidos por el tribunal de Nüremberg, incorporados al Derecho Internacional por la Comisión respectiva de las Naciones Unidas, los crímenes de guerra, los crímenes contra la paz y los crímenes contra la humanidad no prescriben. Si los crímenes cometidos por los militares salvadoreños y por otros ciudadanos no prescriben, se deduce que la amnistía no procede.
En acuerdo con el Derecho Internacional los responsables de estos crímenes podrán ser perseguidos, juzgados y condenados en cualquier momento en el futuro, a pesar de la amnistía, la cual carece de validez.
En efecto no es válida medida ni decreto alguno que hayan sido dictados en contra de disposiciones legales.
Los Generales Ponce y Zepeda, así como otros militares y funcionarios civiles, no pueden gozar de amnistía por delitos comunes, cuando tal amnistía ha sido concedida mientras desempeñan cargos públicos y en ningún momento pueden gozar de amnistía por los crímenes de guerra y crímenes contra la paz, que son aquellos que se cometen con violación de los acuerdos internacionales sobre la guerra.
Sí, los convenios sobre la guerra son aplicables al conflicto militar salvadoreño, pues la parte insurgente, representada por el FMLN, habia reunido las condiciones necesarias para ser declarada y reconocida como parte beligerante, en acuerdo con los convenios de ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977.
El FMLN controlaba un territorio en el cual gobernaba. Precisamente la fuerza armada salvadoreña y el gobierno se opusieron siempre a aceptar la tesis de la guerra civil, pero su posición fue categóricamente desmentida por las negociaciones, las que constituyeron un reconocimiento tácito del adversario como parte beligerante.
Por esta razón, el FMLN tenía la autoridad legal de juzgar a los combatientes que cometieron crímenes de guerra, tales como la ejecución de los militares norteamericanos, a quienes capturaron heridos, tras ser derribado el helicóptero en que viajaban y sobrevolaban territorio de la insurgencia.
Si los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad no prescriben, se deduce lógicamente que tampoco pueden ser amnistiados. Es con base en esta no prescripción que el gobierno judío ha capturado en otros países (ilegalmente, por violar la soberanía de otras naciones) a criminales de guerra 30 ó 40 años después de terminada la segunda guerra mundial.
Si el Presidente Cristiani se apresuró a impulsar la aprobación de una amnistía general puede haber sido por dos causas: la primera, por obedecer presiones de los militares. La segunda, que es seguramente la más probable, porque el presidente Cristiani tenía que conceder la amnistía a personas que habían servido mediante la comisión de crímenes de guerra, a los intereses oligárquicos que representa el presidente Cristiani; además, debido al comportamiento de dificultar el cumplimiento de los acuerdos de paz, considera la oligarquía que continuará necesitando de apoyo y de la defensa del ejército salvadoreño, aún violando la Constitución, que ahora le señala al ejército responsabilidades en defensa del territorio nacional y le suprime toda responsabilidad policial y represiva contra la población.
Actualmente en El Salvador después de los acuerdos de paz, y de otorgado el informe de la Comisión de la Verdad, hay muchas cosas que no han cambiado, como por ejemplo el dominio de la oligarquía y su fuerte adhesión y violenta protección de sus intereses de clases, por tal motivo las políticas del Estado están enfocadas no a combatir la criminalidad que afecta a la población toda, sino, solo a esa parte que ejerce actualmente el gobierno.
La falta de interés en la creación de una política criminal y la ausencia de las ciencias criminológicas dejan un claro vació en las políticas de seguridad implementadas por el gobierno.
Las condiciones que se dan en la actualidad están enfocadas a crear un olvido colectivo del conflicto que se vivió anteriormente, por tanto en el entendido que, los que olvidan de donde vienen no saben a donde van y están condenados a repetir los mismos errores, a orientarse en un rumbo incierto y posteriormente a vivir la misma historia.
¿Quieres tener tu propio blog?
